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Ley De Segunda Oportunidad

Ley de Segunda Oportunidad

Ley de Segunda Oportunidad para particulares y autónomos: Repara tu deuda

(Ley 25/2015)

Ley de segunda oportunidad, aspectos claves:

Como su propio nombre indica Ley de segunda oportunidad, es un mecanismo legal a través del cual un empresario, profesional y/o persona física pueda recuperar de nuevo su solvencia económica, liberándose de sus deudas.

La pasada crisis económica supuso el fin de muchas empresas y comercios pequeños. Esto derivó en un endeudamiento progresivo de los empresarios y trabajadores, los primeros por la asunción de las deudas de su empresa al haber actuado de garantes o avalistas y los segundos por la falta de trabajo.

Con esta nueva figura, se pretende igualar al empresario, profesional y/o persona física con las empresas mercantiles, las cuales, en muchos casos y a través del concurso, podían y pueden obtener la exoneración de sus deudas. De igual modo, y siguiendo una serie de trámites, se puede obtener el mismo beneficio para este colectivo.

¿Quién puede acudir a esta figura?

Todo empresario, profesional y/o persona física.

ley de segunda oportunidad

Ley de segunda oportunidad, requisitos:

  • Importe de las deudas inferior a 5.000.000 €
  • Quien no haya sido condenado en sentencia firme por delito, entre otros, contra la Hacienda Pública, Seguridad Social y falsedad documental.
  • Toda persona que no se encuentre negociando un acuerdo extrajudicial de pagos, ni haya alcanzado alguno dentro de los 5 últimos años.

Visto estos requisitos, son muchos los que pueden acceder a esta nueva figura y obtener la exoneración de su pasivo, pudiendo iniciar una nueva andadura sin que esta se vea sujeta al pago de las deudas asumidas anteriormente, lo cual supondría un fracaso a corto plazo.

No es lo mismo emprender un nuevo camino sabiendo que todos los beneficios generados se destinarán a satisfacer las deudas anteriores a iniciarlo sin tener que asumir éstas. Se trata de convertir al deudor en una persona solvente.

¿En qué consiste la ley de segunda oportunidad?

Se trata en definitiva de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, para lo cual es importante conocer el montante total de las deudas, su categoría y los bienes de los que se dispone para hacer frente a las deudas, el cual debe ser expuesto y comunicado a los acreedores a fin de que muestren su adhesión (o no) al mismo.

Consta de las siguientes fases:

  • Estudio de la deuda total y de los bienes disponibles para su satisfacción.
  • Comunicar y poner de manifiesto, ante un notario (en el supuesto de deudor persona natural), o Registro Mercantil (en el caso de empresario y/o profesional) de la intención de iniciar este procedimiento.
  • Designación de un mediador concursal (que será un profesional economista o abogado), el cual será designado por el Registro de Mediadores e Instituciones de mediación (dependiente del Ministerio de Justicia).
  • Una vez aceptado el cargo, el mediador deberá corroborar los datos facilitados en el expediente, poniéndose en contacto con los acreedores al objeto de cuantificar el montante de la deuda y valorará los bienes del deudor, a fin de elaborar un calendario de pagos que se comunicará a la totalidad de los acreedores. A él le corresponde el estudio de la viabilidad y la defensa del mismo.
  • Este plan de pagos no podrá contemplar una espera superior a 10 años, sin embargo la ley no hace ninguna matización en cuanto a la quita, pudiendo ser esta superior al 90%. La fijación de este porcentaje lógicamente dependerá de las condiciones del deudor y de los medios de los que dispone para hacer frente a la deuda.
  • El plan de pagos y el de viabilidad, podrá ser aceptado o no por los acreedores; asimismo estos podrán plantear modificaciones al mismo, las cuales se tendrán en cuenta. El porcentaje de la quita y el plazo para el pago de la deuda, va a depender, en gran medida, de los medios de los que disponga el deudor.
  • De no aceptarse este plan, el mediador concursal deberá comunicar este no acuerdo al Juzgado, solicitando la apertura del concurso de acreedores del deudor. Se abre aquí este procedimiento, el cual será llevado a cabo por el mismo mediador, porque de no existir causa justa, será nombrado también administrador concursal, por lo que una de las condiciones para ejercer este papel de mediador, es el de ser también administrador concursal (debiendo reunir los requisitos legales establecidos). Una de las consecuencias más directas de la declaración de concurso es la paralización de todo procedimiento judicial o extrajudicial de ejecución de las deudas, es decir, cualquier reclamación judicial contra el deudor quedaría paralizado.
  • Durante este procedimiento, se llevará a cabo la liquidación de los bienes del deudor, a fin de satisfacer en la medida de lo posible la mayor cantidad de créditos. Se debe recordar, que durante el desarrollo de todo este proceso, el deudor contará con la suficiente liquidez para sus gastos personales. Debemos recordar que se trata de que el deudor recupere su solvencia, no de aumentar más las deudas.
  • Una vez concluida la liquidación, la cual debe ser llevada a cabo por el administrador concursal, se solicitará ante el Juez la exoneración de las deudas insatisfechas.

Tal y como se ve, la labor y la función del mediador es fundamental, por lo que es también importante su experiencia profesional en este campo.

¿Qué objetivo se pretende conseguir?

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La finalidad de este procedimiento, tal y como se expuso anteriormente, es recuperar la solvencia del deudor, es decir, la exoneración del pasivo insatisfecho, el liberarse de la deudas que no se consiguieron satisfacer.

Todo este proceso, puede ser largo, puesto que si bien el plazo que establece la ley para el trámite del acuerdo extrajudicial de pagos es corto, puede alargarse una vez se inicie el concurso de acreedores.

Es importante señalar que, según establece la Ley Concursal, en el supuesto de que el deudor fuese persona natural casado en régimen económico de gananciales, el beneficio de la exoneración de pasivo se extendería también al cónyuge, por las deudas anteriores a la declaración de concurso.

Se hace necesario, tal y como establece la ley, definir la “buena fe del deudor”, condición indispensable para conseguir la exoneración de las deudas.

¿Qué se entiende por deudor de buena fe?

Según el artículo 178.bis Ley Concursal: “Se entenderá que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido declarado culpable por aplicación del artículo 165.1.1.o el juez podrá no obstante conceder el beneficio atendidas las circunstancias y siempre que no se apreciare dolo o culpa grave del deudor.

2. Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que exista sentencia penal firme.

3. Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.

4. Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

5. Que, alternativamente al número anterior:

  • Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6.
  • No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42.
  • No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.
  • No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.
  • Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de cinco años. Únicamente tendrán acceso a esta sección las personas que tengan interés legítimo en averiguar la situación del deudor, entendiéndose en todo caso que tienen interés quienes realicen una oferta en firme al deudor ya sea de crédito o de cualquier otra entrega de bienes o prestación de servicios, que tenga que ser remunerada o devuelta por éste y que esté condicionada a su solvencia, así como las Administraciones Públicas y órganos jurisdiccionales habilitados legalmente para recabar la información necesaria para el ejercicio de sus funciones. La apreciación de dicho interés se realizará por quién esté a cargo del Registro Público Concursal….

¿Qué tipo de deudas se podrían condonar?

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Se puede condonar cualquier tipo de deuda, desde deudas financieras (con bancos), deudas privilegiadas (cuyas garantías recaen sobre un bien), personales, deudas comerciales, deudas tributarias y con organismos públicos.

Tal y como expone el artículo anterior, este beneficio alcanza a los siguientes créditos:

  • Deudas ordinarias y subordinadas pendientes de pago a fecha de conclusión del concurso.
  • Créditos privilegiados no satisfechos con la ejecución de la garantía y la extinción del crédito supone que el acreedor no podrá iniciar ningún tipo de acción frente al deudor para el cobro de la deuda. Dicho de otra forma, si el deudor tiene una hipoteca sobre una vivienda, y el precio obtenido por la venta del inmueble es inferior al importe de la hipoteca, se cancelará la deuda con el importe recibido, resultando extinguida la deuda restante.

Hay que especificar que el pago de las deudas con Hacienda y Seguridad Social debe realizarse en un plazo de 5 años, después de la finalización del concurso, sin que se puedan generar intereses de demora, sin embargo, se debe atender a la calificación de la misma, porque de ser ordinaria, entraría en el supuesto anterior.

¿Y si en ese plazo de 5 años no se consigue pagar la totalidad de las deudas con Hacienda y Seguridad Social?

En este supuesto, la exoneración de la deuda pendiente, deberá ser fijada por el Juez. Debemos recordar aquí la dos sentencias de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, una de marzo de 2016 y la otra de abril de 2016, en las que el Juez establece dicha exoneración en beneficio del deudor:

”En este caso, dado que el deudor Sr. L cumple con los requisitos del art. 178 bis 3 números 1º, 2º, 3º y 4º la exoneración alcanza a todo el pasivo insatisfecho y tiene la naturaleza de definitiva. La exoneración supone la extinción de los créditos a los que alcanza la declaración”. En la misma línea se mueve el Juez en la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, de fecha 4 de julio de 2.017: “Se cuestiona por la TGSS y la AEAT que tengan que sujetarse al plan de pagos, sin embargo, no es este el criterio de este Tribunal, pues el artículo 178 bis 6 LC no excluye al crédito público de su sujeción al plan de pagos aprobado por el juez del concurso, al contrario, de su tenor sólo puede desprenderse que una vez aprobado el plan de pagos, por el único órgano con competencia para ello, que es el juez del concurso, deberá presentarse y tramitarse el aplazamiento y fraccionamiento acordado en dicho plan ante el órgano y por medio del procedimiento regulado en la normativa específica”.

¿Es definitiva la exoneración de las deudas?

Sí. Sin embargo se debe remarcar, según establece la Ley Concursal: “que Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando durante los cinco años siguientes a su concesión se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados”.

Es decir, si el deudor ocultase bienes, cualquier acreedor, en plazo de 5 años, podría solicitar la revocación de esta condonación ante el juez, por lo que la exoneración definitiva se produciría al término de este plazo.

¿Se podría perder la vivienda?

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Sí. En la mayoría de los supuestos sí. En la fase de liquidación, el administrador concursal (conforme al plan de liquidación aprobado), deberá proceder a la venta de la vivienda, a fin de obtener liquidez para la satisfacer la deuda, tanto si se encuentra gravada con una hipoteca o no.

Se debe en definitiva de obtener una exoneración de la deuda, con lo que el deudor debe satisfacer o intentar satisfacer, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de deuda.

Aplicación de la ley de segunda oportunidad

Desde mi punto de vista y experiencia en este campo, habiendo desarrollado la labor de mediador y concursal en varios procedimientos, si bien es una figura, que todavía no está muy extendida, por su reciente creación o por desconocimiento de la misma, es importante tenerla en cuenta ante una situación de insolvencia y cada vez son más las sentencias que recogen esta exoneración.

No está sin embargo pensada para la alcanzar la exoneración de deudas con Hacienda y Seguridad, aunque tal y como se comentó anteriormente, sí puede darse.

Con ella se intenta equiparar al empresario y/o profesional individual o persona natural con las sociedades mercantiles, que fueron, en algunos casos, las beneficiarias, y más durante la época de crisis, de los procedimientos concursales, quedando exoneradas del pago de sus deudas.

Mª Teresa Gómez Deus

Economista Administradora y Mediadora Concursal